En un hecho que busca romper años de parálisis política, la bancada de MORENA en el Congreso del Estado de Aguascalientes ha presentado una iniciativa para incluir el matrimonio igualitario en la legislación local. Aunque desde hace años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional negar este derecho, Aguascalientes sigue siendo uno de los estados donde, en la práctica, las parejas del mismo sexo deben recurrir a amparos judiciales para casarse. Esta propuesta no solo responde a un mandato legal, sino a una exigencia ética y social: garantizar igualdad jurídica real para todas las familias.
El impulsor de la iniciativa, el diputado Rodrigo Iván González Mireles, señaló que la propuesta es el resultado de meses de trabajo conjunto con organizaciones civiles, activistas, académicos y personas afectadas directamente por un marco legal que las excluye. “No es solo por cumplir con la ley. Es por justicia. Hemos escuchado testimonios que duelen, que revelan cómo la omisión legislativa sigue alimentando la discriminación estructural en nuestro estado”, afirmó durante la presentación del proyecto.
Amparos no son igualdad: La trampa de la “garantía parcial”
Uno de los puntos más críticos que surgieron en los encuentros con colectivos LGBTIQ+ es que, si bien actualmente las parejas del mismo sexo pueden acceder al matrimonio mediante recursos judiciales, esta vía no representa una garantía plena de sus derechos. “No es igualdad si tienes que ir a juicio para casarte”, denunciaron colectivas locales. Esta necesidad de judicializar derechos que deberían ser automáticos refleja no solo una brecha legal, sino una forma institucional de exclusión que se mantiene por cálculo político.
La mayoría panista del Congreso ha evitado por años modificar el Código Civil, escudándose en el argumento de que el derecho ya se puede ejercer. Sin embargo, como advierten las organizaciones, esta postura no reconoce el desgaste económico, emocional y simbólico que implica tener que demandar al Estado para que reconozca una unión legal entre dos personas del mismo sexo.
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La adopción: Otro fantasma agitado sin fundamento
Otro punto abordado en las mesas de trabajo y retomado en la iniciativa es el uso recurrente del tema de la adopción como un “pretexto ideológico” para frenar el matrimonio igualitario. Sin embargo, el marco legal ya permite que cualquier persona o pareja pueda adoptar si cumple con los requisitos de idoneidad, independientemente de su orientación sexual.
“Usar a la niñez como barrera política es irresponsable y profundamente injusto”, señaló una de las participantes en los encuentros con legisladores.
La iniciativa presentada no modifica el régimen de adopciones porque no es necesario: el derecho ya existe. Lo que busca, en cambio, es que las familias diversas tengan pleno reconocimiento jurídico sin tener que disfrazarse, justificarse o pasar por filtros discriminatorios.
Una cuestión de justicia, no de ideología
A diferencia de iniciativas anteriores que fueron archivadas o congeladas sin debate, esta propuesta llega con un respaldo social más amplio. Académicos, juristas y organismos defensores de derechos humanos se han pronunciado a favor de su aprobación, insistiendo en que legislar por la igualdad no es una cuestión de ideología, sino de justicia constitucional.
“Estamos aquí para cerrar la brecha entre lo que dice la Corte y lo que se vive en las oficinas del Registro Civil. No se puede hablar de estado de derecho si se mantienen leyes que niegan la dignidad de miles de ciudadanos”, concluyó González Mireles.
La oportunidad de romper el silencio legislativo
Esta nueva iniciativa representa una oportunidad para que el Congreso de Aguascalientes, uno de los últimos en resistirse al cambio, honre la letra y el espíritu de la Constitución. Las personas LGBTIQ+ no están pidiendo privilegios, sino el derecho básico a amar y a formar una familia con las mismas garantías que cualquier otra.
Ahora, la decisión está en manos del Poder Legislativo: puede elegir entre seguir prolongando una omisión disfrazada de neutralidad o dar un paso firme hacia la igualdad. Lo que está en juego no es un debate moral, sino el principio elemental de que todas las personas deben ser tratadas con dignidad por el Estado que las representa.
